El Real Decreto que regula el pago de un canon para los autores por el préstamo de sus obras en las bibliotecas públicas trata de solucionar el caos que reina en este terreno, pero por ahora solo ha desatado el rechazo general del sector, tanto de los que están a favor de esta tasa como de los que están en contra. Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), la entidad que gestiona los derechos de autor de los escritores, que defiende el canon, considera que es ampliamente insuficiente y está estudiando presentar un recurso ante la justicia europea. Por otro lado, las asociaciones profesionales de bibliotecarios, que rechazan el pago del canon, aseguran que la ley representa un nuevo problema para las bibliotecas públicas, cuya situación califican de crítica.